Por Blackie Walsh, redactora de www.laotracara.info
El martes pasado se celebró el día de la Independencia argentina. Una fecha primordial para la vida democrática de una nación. Pero desde que el gobierno de Milei asumió los trabajadores y la clase media, las PYME, los emprendedores, el 70% de las mamás solteras que son las que sostienen el hogar, en resumen la parte de la sociedad que mantiene a un país, se ven agredidos, atacados, empobrecidos, desprotegidos y justamente con todas sus libertadores cercenadas por este gobierno.
La independencia es sinónimo de soberanía y de libertad, pero como hace décadas Argentina tiene menos libertad que nunca. El acto cívico militar del 9 de julio que organizó el gobierno reflejó perfectamente esto.
Además de todo el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, militares de las 3 Fuerzas Armadas y algunas agrupaciones de Veteranos de Malvinas, según testigos también asistieron (o fueron invitados) abusadores de la última dictadura militar argentina.
Concretamente al menos tres de los militares que desfilaron como “veteranos de Malvinas” fueron acusados de torturar a soldados conscriptos durante el conflicto bélico en 1982. Una de las víctimas quedó ciega por esas torturas.
El secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes (CECIM), Ernesto Alonso, fue quien alzó la voz. Pero no se trata sólo de la manifestación de un ex combatiente a quien la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, agredió públicamente por “kirchnerista”, el medio de comunicación El Destape también denunció públicamente este hecho.
El fiscal federal de Tierra del Fuego, Marcelo Rapoport, firmó el 11 de mayo de 2018 un dictamen en el que imputó a 26 militares que estuvieron en las islas por aplicar tormentos a soldados propios. En esa lista aparecen tres nombres: Emilio José Samyn Ducó, Francisco Eduardo Gassino y Jorge Taranto.
Según CECIM La Plata y El Destape, estos sujetos estuvieron en el desfile del martes pasado. Si todo esto se asegura es un acto de violación a la libertad de los Derechos Humanos de las víctimas. Es de sospechar que el gobierno no solamente no aclaró o desmintió la situación, sino que atacó a quienes la denunciaron.
Mientras tanto, no es de sorprender que ayer a las 15 horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo su primera audiencia con el gobierno argentino para que dé explicaciones por la represión desbocada de la tarde del 12 de junio pasado, cuando se discutía la Ley Bases en el Congreso.
La foto de toda esta situación huele mal, huele a represión, huele a dictadura militar, huele a violación de derechos cívicos y humanos. Una vez más en Argentina los organismos internacionales y no los nacionales son los que comienzan a actuar e investigar.
A todo esto se suman denuncias de Human Right Watch, la ONG más respetada del mundo en relación a las violaciones de derechos humanos, sobre las acciones de Milei atacando a mujeres.
Esta vez a menos de 7 meses de gobierno, Milei es el que está siendo investigado. ¿Nadie de la cúpula presidencial registra esto? Ningún gobierno deja huellas satisfactorias en la historia nacional si de lo primero que se lo acusa y ya se lo investiga es de ataque a los derechos primordiales de la vida de las personas.
¿Milei no era que la libertad avanzaba?
